En los últimos cinco años, la renta mínima requerida por las entidades bancarias para la aprobación de créditos hipotecarios ha experimentado un notable aumento del 50%, lo que ha dificultado el acceso a la vivienda propia para muchas familias. En el año 2020, para adquirir una vivienda valorada en 4.000 UF, con un pie del 20% y un plazo de 20 años, el dividendo mensual requerido era de $520.000, lo que implicaba que la renta familiar debía ser de al menos $2.080.000. En la actualidad, bajo las mismas condiciones, el dividendo ha ascendido a $850.000 mensuales, lo que exige una renta familiar de $3.140.000, reflejando un incremento del 50% en este periodo. Para propiedades de mayor valor, como una vivienda de 5.000 UF, la situación es aún más complicada. La renta mínima exigida ha aumentado de $2,6 millones en 2020 a $4,25 millones en 2025, lo que representa un alza del 63%. Según Felipe García, director de Cino Sur en Tinsa by Accumin, la principal razón detrás de este aumento es la inflación, que ha crecido un 37% en los últimos cinco años. Sin embargo, este porcentaje es inferior al incremento del 50% o 60% que se ha observado en los créditos hipotecarios. A esto se suman otros factores, como los retiros de fondos de pensiones y una mayor presión del Fisco en el mercado de préstamos, lo que ha reducido la disponibilidad de créditos y ha permitido a las instituciones financieras ser más exigentes, según lo explicado por Reinaldo Glesisener, vicepresidente de Colliers. Además, el precio de las viviendas ha aumentado un 7% en el mismo periodo, mientras que los sueldos reales de los chilenos solo han crecido un 3%. Estas cifras reflejan un contexto en el que las familias deben demostrar ingresos significativamente más altos para poder acceder a financiamiento habitacional, lo que limita las opciones de compra en el actual mercado inmobiliario.
Aumento en la renta mínima para créditos hipotecarios complica el acceso a la vivienda propia en el país
Aumento de la renta mínima para créditos hipotecarios en Chile: de $2.080.000 en 2020 a $3.140.000 en 2025, dificultando el acceso a la vivienda.
