Este lunes 30 de junio se cumplió el plazo legal para que el presidente Gabriel Boric, junto a sus ministros y subsecretarios, se sometieran al primer test de drogas obligatorio, conforme a la norma incluida en la Ley de Presupuesto 2025. Sin embargo, el cumplimiento de esta medida sigue envuelto en dudas, lo que motivó un duro emplazamiento por parte del diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.
A través de un comunicado de prensa, el parlamentario acusó al Ejecutivo de manejar el proceso con “opacidad” y lo calificó como un “verdadero tongo”, cuestionando la modalidad del examen, su carácter no sorpresivo y, especialmente, la confidencialidad de los resultados.
Coloma afirmó: “Todos los chilenos deberían enterarse de que el Gobierno ha convertido este proceso en una simulación. Se demoraron meses en levantar una licitación y sólo lo hicieron tras la presión que ejercimos. Pero lo más grave es que optaron por un test de orina, de menor alcance, y declararon confidenciales los resultados. Si eso no es un tongo, no sabemos cómo llamarlo”.
La controversia se remonta a fines de 2023, cuando la bancada UDI logró incluir una indicación en la Ley de Presupuesto que obliga a las más altas autoridades del Ejecutivo a someterse, dos veces al año, a controles de consumo de sustancias ilícitas. Esta medida se justifica en el contexto de la creciente crisis de seguridad que enfrenta el país y busca descartar cualquier posible nexo con el narcotráfico.
Según lo estipulado, el examen debía realizarse antes del 30 de junio y sería gestionado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), que a su vez licitó el proceso a un laboratorio privado. No obstante, la primera licitación fue declarada desierta, lo que puso en riesgo la implementación del control en los plazos establecidos.
Además, Coloma denunció que el Gobierno optó por una prueba de orina —capaz de detectar consumo sólo dentro de las 72 horas previas— en lugar del test de drogas capilar, que permite una trazabilidad de hasta un año. A esto se suma que las muestras no se toman de manera sorpresiva, sino que son coordinadas previamente con los evaluados.
Coloma también cuestionó: “El Presidente Boric debería romper con el secretismo y hacer públicos los resultados de todos los exámenes. Los diputados estamos obligados a transparentarlos cada año desde 2022, arriesgando sanciones si resultan positivos. ¿Por qué el Ejecutivo no debería estar sujeto al mismo estándar?”
El diputado gremialista dirigió su emplazamiento directamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, solicitando un pronunciamiento oficial respecto al cumplimiento del test de drogas por parte de las autoridades.
