El Gobierno de Chile enfrenta un nuevo obstáculo en la implementación de la Ley de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, tras la declaración de desierta de la licitación para desarrollar el registro electrónico central necesario para su funcionamiento. Esta situación se produce en un contexto de críticas por parte del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien acusó a la norma de “sobrerregulación”.
La Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones anunció que no se recibieron ofertas válidas para el Servicio de Desarrollo de Software e Infraestructura, a través de Mercado Público. La única propuesta presentada, por parte de TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA, fue considerada inadmisible, ya que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos para participar en la licitación. Esta decisión fue comunicada oficialmente el jueves, lo que deja a la Ley Uber en un estado de incertidumbre, ya que no podrá entrar en vigor sin el software que permita el registro de las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT).
La Ley Uber, que busca regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte en el país, ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en el contexto de la crítica del embajador Judd, quien expresó su preocupación por la carga regulatoria que podría afectar a las empresas del sector. La falta de avances en la licitación y la imposibilidad de implementar la ley durante el actual mandato del Gobierno se han convertido en un tema de discusión entre los actores involucrados.
La Subsecretaría de Transportes ha indicado que la evaluación de la propuesta de TIVIT fue exhaustiva, pero que no cumplió con los estándares requeridos, lo que ha llevado a la situación actual. Sin el registro electrónico, las empresas de transporte no podrán operar bajo el marco legal que la ley establece, lo que podría tener repercusiones en el sector y en los usuarios de estas aplicaciones.
Este desarrollo se produce en un momento en que el Gobierno busca avanzar en la regulación de nuevas tecnologías y servicios, pero se enfrenta a desafíos significativos en la implementación de políticas que equilibren la innovación con la regulación adecuada. La situación actual deja a la Ley Uber en un punto muerto, a la espera de nuevas decisiones que permitan su avance.
