La Comisión de Educación del Senado chileno aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que busca establecer medidas de seguridad y orden en las escuelas, conocido como “escuelas protegidas”. La votación de las indicaciones presentadas por senadores y el Ejecutivo está programada para el viernes 15 de este mes.
Durante las sesiones de esta semana, que se llevarán a cabo el miércoles 13 y el jueves 14, se escuchará a varios expertos en educación y seguridad. Entre los expositores se encuentran Ernesto Triviño del Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (CELITEC), la doctora en Economía y Educación de la Universidad de Columbia, Josefa Aguirre, y representantes de la Fundación 2020, entre otros.
Los especialistas han expresado preocupaciones sobre el enfoque punitivo del proyecto, argumentando que no garantiza la reducción de la violencia en las escuelas. Se ha señalado la necesidad de complementar las medidas con acciones de prevención y resolución de conflictos. Además, se ha advertido que la eliminación de la gratuidad para estudiantes condenados por conductas violentas podría representar una doble sanción y dificultar su reinserción en el sistema educativo.
Los expertos también han destacado la importancia de que la revisión de mochilas sea realizada por profesionales capacitados y que las medidas disciplinarias se apliquen de manera gradual y pedagógica. Asimismo, se ha hecho hincapié en la necesidad de abordar la violencia cotidiana, como el bullying y el ciberbullying, que no están contemplados en el proyecto, a pesar de ser fenómenos comunes en las escuelas.
El senador Vlado Milosevic, al momento de votar, subrayó la importancia de otorgar autonomía a las escuelas y consejos escolares para decidir sobre la aplicación de la ley. “Apoderados y alumnos nos han pedido que avancemos en esto”, afirmó, añadiendo que la violencia extrema representa solo el 10% de las denuncias.
Por su parte, los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión, manifestaron su intención de avanzar en la tramitación del proyecto, considerando las demandas de las comunidades educativas. La senadora Yasna Provoste, aunque votó a favor, advirtió que el proyecto se basa en una lógica de control y sanción, en lugar de un enfoque integral de protección de derechos, señalando que la experiencia internacional sugiere que este no es el camino adecuado.
