Quedarse sin empleo puede ser un desafío significativo que impacta tanto la estabilidad económica como emocional de las familias. En respuesta a esta situación, el Estado chileno ha implementado diversas alternativas de protección económica y social para quienes han perdido su trabajo. A continuación, se presentan las opciones vigentes hasta julio de 2023, junto con los requisitos necesarios para acceder a cada una de ellas.
El Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), es el principal mecanismo de apoyo para los trabajadores dependientes. Este seguro permite a los beneficiarios recibir giros mensuales que se financian con los ahorros acumulados en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC) durante su tiempo de trabajo. Para poder acceder a este beneficio, es necesario estar cesante, lo cual debe ser acreditado mediante documentos como un finiquito, una carta de despido, una carta de renuncia o un acta de comparecencia ante la Dirección del Trabajo. Además, se requiere haber realizado al menos 10 cotizaciones mensuales si se tenía un contrato indefinido, o al menos 5 cotizaciones si el contrato era a plazo fijo o por obra/faena. Las cotizaciones se contabilizan desde la afiliación o desde el último giro del seguro.
Por otro lado, el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) está diseñado para aquellos que no cuentan con suficientes ahorros en su cuenta individual para cubrir sus necesidades básicas. Este fondo, que se financia con aportes del Estado y del empleador, garantiza hasta 5 meses de ingresos decrecientes, pudiendo extenderse en situaciones especiales. Para acceder al FCS, el solicitante debe estar cesante al momento de la solicitud y haber registrado al menos 10 cotizaciones pagadas en el FCS dentro de los 24 meses previos al despido, de las cuales las últimas 3 deben ser continuas y con el mismo empleador. Además, es necesario haber sido despedido por causales específicas del Código del Trabajo, como necesidades de la empresa o vencimiento del contrato, y tener una cuenta activa en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), donde se debe aceptar las oportunidades laborales o de capacitación que se ofrezcan.
Finalmente, el Subsidio de Cesantía del Instituto de Previsión Social (IPS) está destinado a trabajadores que no están cubiertos por la Ley del Seguro de Cesantía de la AFC, como aquellos que firmaron sus contratos antes del 2 de octubre de 2002 o ciertos sectores del sector público. Este subsidio proporciona una ayuda económica mensual por un máximo de 360 días, además de acceso a asistencia médica gratuita a través de la red de salud pública (Fonasa).
Estas alternativas son parte de la red de protección que el Estado chileno ofrece para mitigar el impacto de la cesantía en la población, buscando brindar apoyo a quienes enfrentan la pérdida de su empleo.
